EL PAQUETE
ECONÓMICO: UN CAMBIO DE POLÍTICA SANITARIA QUE INVOLUCRA A CASI 12 MILLONES DE PERSONAS
El servicio de salud se podrá elegir desde enero |
De la Rúa firmó ayer el decreto que desregula las obras sociales · Los gremios competirán ahora con las empresas de medicina prepaga · Todos deberán garantizar una asistencia igualitaria
El Gobierno definió ayer el marco en el que funcionará la desregulación de las obras sociales y así se aseguró que el nuevo sistema de salud entre en vigencia el 1° de enero próximo.
A partir de esa fecha habrá libre competencia entre las obras sociales y las empresas de medicina prepaga que se anoten en el sistema. De ese modo, los casi doce millones de afiliados a las entidades sindicales y de dirección (todos los trabajadores en relación de dependencia y sus familias) podrán transferir sus aportes obligatorios al servicio de salud que prefieran.
Con la reglamentación del decreto de desregulación que terminó de firmar el gabinete ayer al mediodía, en Olivos, se corrió finalmente el velo de misterio en el que había quedado envuelto su contenido.
El presidente Fernando de la Rúa reunió a sus ministros apenas regresó de México, donde asistió a la asunción del presidente Vicente Fox, y decidió darle el toque final al texto. Se supo que, antes del viaje, el Presidente dejó firmado un proyecto de reglamentación que estuvo sujeto a modificaciones y fue motivo de negociaciones contrarreloj con sindicalistas que se oponen a competir con las prepagas.
La desregulación de las obras sociales había sido motorizada por el Gobierno en junio pasado, mediante un decreto de necesidad y urgencia que firmó el entonces vicepresidente, Carlos "Chacho" Alvarez.
Los puntos centrales del nuevo esquema de salud que entrará en funcionamiento en el 2001 serán los siguientes:
· Los gremios y empresas participantes deberán ofrecerles a sus afiliados un Programa Médico Obligatorio (PMO), que les garantice una cobertura de servicios considerados esenciales.
· No podrán rechazar a ningún beneficiario que solicite su inscripción.
· Se les garantizará como piso un aporte de 20 pesos de capita mensual por afiliado. Para una familia tipo (cuatro perso nas) alcanzará a 80 pesos, casi el doble de lo que actualmente reciben los gremios como aporte mínimo.
· A los trabajadores que no alcancen esa cifra con el porcentaje de sus salarios, se les reforzarán sus aportes por medio de un fondo de reserva. Ese fondo también servirá para financiar las prestaciones de alta complejidad, a razón de un peso mensual por beneficiario.
· Los prestadores podrán ofrecer servicios adicionales, por una cuota extra.
La principal modificación incorporada ayer en el decreto reglamentario es la creación de una instancia de consulta con las obras sociales para que antes del 22 de diciembre queden fijadas las normativas del sistema. Un asunto clave que el Gobierno está dispuesto a discutir en ese marco está referido a los plazos para que los trabajadores opten por un servicio de salud y, sobre todo, a la posibilidad de que los ingresantes al mercado laboral permanezcan por un período determinado en la obra social de la actividad que ejercen.
Con la llave de la negociación en la mano, el Gobierno aspira a frenar la medida de fuerza que los dos sectores de la CGT, que conducen Rodolfo Daer y Hugo Moyano, preparan para mediados de mes.
En defensa de la desregulación, el oficialismo argumenta que el nuevo sistema de salud ofrece equidad y libre competencia. Los sindicalistas lo rechazan a coro, asegurando que el proyecto no es solidario y está encaminado a desfinanciar las obras sociales. A las empresas de medicina prepaga tampoco les gusta el contenido de la norma, porque consideran que no les garantiza suficiente rentabilidad.
"Cuando le conté el proyecto a Fox, me dijo: qué país extraño la Argentina, se puede elegir presidente, pero no se puede elegir médico...", comentó De la Rúa, con gesto distendido pese al cansancio del viaje. Ocurrió al finalizar la reunión de trabajo que mantuvo en la residencia presidencial con sus ministros y un grupo selecto de legisladores oficialistas, poco antes de hincarle el diente al chivito cordobés con el que convidó a los invitados.
Durante el encuentro, los funcionarios evaluaron que los cuestionamientos que la medida recibe por igual de los sectores sindicales y empresarios que deben competir entre sí, demuestran que la norma guarda equilibrio.
Otro de los temas de fondo que introdujo De la Rúa fue la necesidad de sancionar rápidamente las leyes que considera fundamentales para apuntalar la gestión económica y que serán tratadas por el Congreso en sesiones extraordinarias.
A la cabeza de las preocupaciones del Presidente se encuentra la reforma previsional, que aterrizó en Diputados y es rechazada por un importante número de frepasistas. Los puntos más resistidos son la eliminación del sistema estatal y la extensión de la edad jubilatoria de las mujeres a los 65 años .
El ministro de Economía, José Luis Machinea, admitió -al ser consultado por Clarín en un alto de la reunión- que la reforma podría salir por decreto de necesidad y urgencia si no es aprobada por el Congreso antes de que finalice el año.
Un colaborador cercano al Presidente confió que la intención de De la Rúa es sacar antes de fin de año las iniciativas que considera imprescindibles, pero no son taquilleras, con el objetivo de quedar en el 2001 con las manos libres para lanzar propuestas que dinamicen su gestión, en un año fundamentalmente electoral.
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MARCELO HELFGOT / El Clarín (Argentina), Domingo 3 de diciembre de 2000 |
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