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Unapetrol se declaró en emergencia y ejercerá en las
próximas horas acciones legales contra la decisión del Gobierno
de despedir personal de manera injustificada. Reiteran que están
amparados por la inamovilidad laboral
Comienzan a concretarse las amenazas de despido realizadas en
diciembre por el presidente de la República, Hugo Chávez. Ayer,
251 trabajadores de la industria petrolera pertenecientes a las
áreas operacionales del Centro Refinador Paraguaná, como de la
planta de El Tablazo, en el estado Zulia, y de Barinas fueron
despedidos en forma injustificada.
Edgar Quijano, asesor laboral del Sindicato Único de
Trabajadores Petroleros, que agrupa a más de 6.000 empleados,
denunció que en las refinerías de Amuay y Cardón inspectores del
trabajo –acompañados por efectivos de la Guardia Nacional–
obligaron a los trabajadores de la industria, con la amenaza de
ser detenidos, a firmar las respectivas cartas y notificaciones
de despido. Además de que fueron objeto de violación a la
privacidad del hogar.
En el caso del estado Zulia, expresó Quijano que 206 empleados
fueron notificados a través de un diario regional que
prescindían de sus servicios, lo cual va en contra de la Ley del
Trabajo. Asimismo, señaló que una trabajadora afectada está
amparada por el fuero maternal.
Puntualizó el asesor de Unapetrol y director de Pdvsa que estos
despidos no tienen razón de ser, por cuanto los empleados gozan
de inamovilidad laboral y de la estabilidad establecida tanto en
la Ley Orgánica del Trabajo como en la Ley Orgánica de
Hidrocarburos.
Explicó que de acuerdo con el artículo 450 de la legislación
laboral, tanto los miembros fundadores del sindicato y todos los
trabajadores que se afilien a esta organización, están amparados
por la inamovilidad laboral, la cual está vigente y se mantendrá
hasta tanto el Ministerio del Trabajo acuerde el registro del
sindicato.
Reiteró que en el momento en que los trabajadores de la
industria decidieron plegarse al paro cívico nacional hicieron
uso de los derechos previstos en los artículos 61, 62, 68 y 132
de la Constitución.
Asimismo, anunció que en los próximos días se ejercerán acciones
legales contra la decisión de despido.
Quijano alertó a los trabajadores de la industria sobre la
escalada de despidos que se propone realizar el Gobierno para
tratar de obligarlos “ilegalmente” a acudir a sus centros de
trabajo el próximo lunes. A la vez, les recordó que ninguna
persona puede ser obligada a trabajar contra su voluntad, cuando
no están garantizadas las condiciones de seguridad por parte de
los patronos, como ha quedado evidenciado en diferentes áreas
petroleras.
En tal sentido, exhortó a todas las organizaciones sindicales
petroleras de todo el país, firmantes de la convención colectiva
2002-2004, para que informen a sus afiliados sobre las acciones
y medidas que deben aplicarse para contrarrestar la campaña
intimidatoria de este Gobierno, para obligarlos a reintegrarse a
sus puestos de trabajo.
Hizo un llamado a los dirigentes de Fedepetrol y de
Fetrahidrocarbursos a pronunciarse sobre la violación a los
derechos constitucionales y laborales de los trabajadores del
sector petrolero.
A la vez, solicitan a los sindicatos de Brasil, Trinidad y
Tobago, Colombia, México, República Dominicana y Estados Unidos
y de otros países a no prestarse al juego del Gobierno, que se
niega a aceptar una salida democrática a la crisis. “Al
contrario –expresa Quijano– se rehúsa a aceptar la propuesta de
nuevas elecciones y pretende socavar con la contratación de
personal extranjero especializado, el paro cívico nacional, que
se libra en defensa por la democracia”.
Además, denuncia que el Gobierno es el responsable directo de
los incidentes que se han registrado desde que se inició el paro
cívico, al colocar a personal no autorizado ni adiestrado a
cumplir labores de transporte, embarque de combustible y crudo y
de otras operaciones de la industria.
Pilotos en desobediencia
Los capitanes Álvaro Martínez, Alirio Parra, José Antonio
Rutmann y Guillermo Suárez, integrantes de las tripulaciones de
la flota aérea de Pdvsa , se declararon ayer en desobediencia
legítima y se solidarizaron con los trabajadores de la industria
que se mantienen en paro desde el 2 de diciembre, en protesta
contra el gobierno de Hugo Chávez.
Explican que han sido testigos de la violación de procedimientos
de seguridad y condiciones de trabajo por la actual dirección de
la empresa y de que no han sido informados sobre la
identificación y números de pasajeros, tipo de carga, destinos,
escalas, horas de despegue y tiempos de espera en los vuelos que
se han ordenado.
Sostienen que se ha transgredido el manual de operaciones de
transporte aéreo de Pdvsa y la Ley de Aviación Civil sobre
traslado de armamento dentro de las aeronaves. Dicen que esta
ley no se cumple, por lo que se realizan operaciones inseguras,
y denuncian que se ha ordenado el transporte no autorizado de
dirigentes políticos, militares y otras personas vinculadas al
régimen. “Esta circunstancia pone en evidencia la falsedad con
la cual ha procedido el Gobierno, que ha ordenado la venta de
gran parte de la flota de aviones bajo la excusa de que en Pdvsa
se daban colitas, con lo cual se niega a los trabajadores de la
industria la facilidad de transporte por vía aérea”.
Agregaron que no esta garantizada la calidad del combustible
utilizado para el transporte aéreo.
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