|
El Consejo de Ministros decidió extender hasta el 15 de enero de
2003 la estabilidad para los trabajadores que devengan hasta
633.600 bolívares mensuales
El Gobierno aprobó ayer la tercera prórroga de la inamovilidad
laboral para los trabajadores de la administración pública y del
sector privado. La primera extensión se anunció en junio, luego
de haberse cumplido los primeros 60 días de protección como
resultado del incremento de 20% en el salario mínimo. En julio,
el Ejecutivo volvió a dictar la inamovilidad por un lapso de 90
días. Y ahora la prorrogó hasta el 15 de enero del próximo año.
Desde el pasado miércoles 23 de octubre, los trabajadores que
devengan hasta 633.600 bolívares contarán con estabilidad y no
podrán ser despedidos de sus puestos de trabajo. Sin embargo, el
decreto aún no ha salido publicado en la Gaceta Oficial. La
ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, aclaró que de ser
necesario, y de acuerdo con el comportamiento de la economía, el
Gobierno podría reducir la duración de este beneficio.
El artículo 3 del decreto establece que los trabajadores
amparados por la extensión de la estabilidad no podrán ser
despedidos, desmejorados, ni trasladados sin justa causa.
Asimismo, advierte que en caso de que ocurra un despido
injustificado, el Ministerio del Trabajo, a través de la
inspectoría de este despacho, ordenará el reenganche y el pago
de los salarios caídos correspondientes.
Sin embargo, se aclara que los patronos y los trabajadores
podrán llegar a acuerdos para lograr la reducción de personal,
mediante el procedimiento de negociación colectiva. Quedan
excluidos del beneficio de la inamovilidad las personas que
ejerzan cargos de dirección, quienes tengan menos de tres meses
al servicio de un patrono y quienes desempeñen cargos de
confianza, La titular del Trabajo justificó la extensión de la
medida debido a que “las actitudes golpistas son las que están
afectando el desarrollo económico y social del país”. Agregó que
“la inamovilidad es para amparar el derecho al trabajo, ya que
la cúpula autoproclamada de la CTV sólo parece interesarse por
la diatriba política y no por la protección de los
trabajadores”.
Iglesias también señala que para la mayoría de los empresarios
la inamovilidad laboral no es un problema, sino la necesidad de
reactivar el aparato productivo.
“Hay un estado de indefensión entre los trabajadores del sector
privado. Hay muchos empresarios que despiden sin justificación
alguna, que no cancelan las prestaciones sociales a los
trabajadores. A esos trabajadores se les violan sus derechos,
mientras quienes deberían exigir su protección, es decir, los
dirigentes de la CTV, andan realizando alianzas con algunos
representantes empresariales de la cúpula de Fedecámaras, más
interesados en promover la desestabilización política que en la
reactivación productiva”, criticó la ministra del Trabajo. Con
relación a los trabajadores del sector público, Iglesias explicó
que no hay ninguna amenaza de despido. Señaló que el estatuto de
la función pública establece una normativa que garantiza la
estabilidad absoluta.
|
