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La encuesta realizada entre representantes del empresariado y
gerentes reveló que 79% considera que la política cambiaria es
inadecuada para la inversión y para el crecimiento económico
Al día siguiente de la marcha por la democracia, o de la
oposición al gobierno del presidente Hugo Chávez, varios
empresarios y gerentes llenaron el salón Naiguatá del hotel
Tamanaco para escuchar en el foro Perspectivas Económicas 2002
–organizado por la Cámara Venezolana Americana de Industria y
Comercio– la percepción que tienen analistas políticos y
consultores económicos sobre lo que puede pasar este año.
Previamente a las conferencias, un total de 324 personas con
altos cargos en diferentes actividades productivas procedieron a
responder una encuesta, cuyos resultados para nada guardan
relación con las proyecciones surgidas del despacho del ministro
de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani.
Una de las preguntas se refería a la política cambiaria que
lleva adelante el Banco Central de Venezuela en combinación con
el Poder Ejecutivo. En tal sentido, la respuesta de 79% de los
encuestados advirtió que la sobrevalución del bolívar frente al
dólar es inadecuada para estimular la inversión privada y el
crecimiento económico. Apenas 13% considera que la fortaleza de
la moneda nacional favorece a la producción, mientras que 8%
evitó responder a favor o en contra. También se hizo una
pregunta futurista: “¿Considera que el Gobierno implantará una
política de control de cambio?”. La respuesta de 67% de los
encuestados ve inevitable que el presidente Hugo Chávez recurra
a la misma medida que fue adoptada por los ex presidentes Luis
Herrera Campíns, Jaime Lusinchi y Rafael Caldera, este último en
su segundo gobierno, quienes recurrieron a controlar la venta de
divisas. El restante 33% todavía manifiesta un acto de fe a
favor de Chávez, en cuanto a que no creen que aplique un control
cambiario.
Sin embargo, luego aparece una pregunta referida a si existe o
no credibilidad en el sistema de bandas cambiarias que aplica el
Banco Central en la cotización del bolívar frente al dólar. En
este caso, las respuestas son más dispersas:
15% de los encuestados considera muy alta o alta su credibilidad
hacia la política del BCV.
39% dijo que le produce algo de credibilidad.
32% respondió que su percepción es baja.
14% prácticamente no cree en el sistema que utiliza el ente
emisor.
Frente a todo esto, la percepción sobre el tipo de cambio poco
apunta hacia la estabilidad, de allí que la mayoría de los
encuestados considera que el bolívar se ubicará en 813,69
bolívares por dólar para el 30 de junio y se devaluará a 911,80
bolívares por dólar para el 31 de diciembre de 2002. Tampoco
creen que el Gobierno cumplirá con su principal objetivo:
reducir la inflación, tal y como lo estimó el Ministerio de
Planificación y Desarrollo, despacho que la ubicó en 10% para
finales de año.
Para junio de 2002, la encuesta revela que la mayoría los
empresarios y gerentes del foro de Venamcham considera que los
precios registrarán un incremento de 9,97%; es decir,
prácticamente a mediados de año se llegará al objetivo oficial,
y para diciembre –según la proyección– la inflación llegaría a
18,35%.
Unido a este indicador van asociadas las estimaciones sobre las
tasas de interés. En este sentido, consideran que los préstamos
que otorgue la banca no tendrán tasas inferiores a 33%.
Con todo este escenario, la encuesta revela que la estimación
apunta hacia un decrecimiento de la economía de 0,73% del
producto interno, lo que supone que el submarino del que habló
el ministro Giordani –que fue el símil que utilizó para
referirse al comportamiento de la producción– nuevamente volverá
a sumergirse.
Temas pendientes
La encuesta también revela que en 3 años del gobierno del
presidente Hugo Chávez hay un conjunto de materias que no han
sido atendidas, entre éstas reformar la seguridad social,
implantar políticas para generar empleo en el sector formal de
la economía o controlar la delincuencia.
Asimismo, la mayoría consideró que uno de los primeros anuncios
que debería hacer Chávez es abrir la consulta para reformar las
leyes aprobadas en el marco de la Habilitante.
Al final de la encuesta aparecía la siguiente pregunta: “¿En qué
medida una rectificación del Presidente incidiría en el devenir
económico del país?”. La respuesta fue contundente, porque 90%
considera que propiciaría una reacción positiva en la percepción
del país por parte de los agentes económicos. No obstante, 5% de
los encuestados –se mencionó que podía tratarse de gerentes del
sector público– dijo que una rectificación del jefe del Estado
ocasionará efectos negativos en la actividad económica.
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