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Sobre la posibilidad de que en la reforma de la Ley Orgánica del
Trabajo se plantee el tema de la retroactividad de las
prestaciones sociales, la ministra del Trabajo, Blancanieve
Portocarrero, expresó que eso “es un mandato constitucional”. La
funcionaria explicó que su despacho tiene dos metodologías para
la reforma de la ley, las cuales fueron definidas por un grupo
de expertos. En primer lugar, se plantea que las modificaciones
se realicen solamente sobre la base de lo que contempla la
disposición transitoria cuarta de la Carta Magna, relacionada
con las jornadas y las prestaciones sociales.
La segunda metodología se refiere a adecuar la Ley del Trabajo a
la Constitución, con la revisión de los artículos y determinar
cuál de ellos no se corresponde con la máxima ley de la
República. La ministra expresó que sería un poco apresurado
afirmar que se retornará al antiguo régimen de prestaciones
sociales, aunque reconoció que se trata de una materia profunda
que debe discutirse con los trabajadores y los patronos. Por
ello, estima que las reformas de la Ley del Trabajo deben ser
producto de un consenso nacional. Estima que para poder tomar
una decisión al respecto se debe hacer un balance sobre los
resultados de la aplicación del régimen de prestaciones vigentes
y compararlo con el régimen tradicional, que es el de la
retroactividad. Recordó que cuando la Asamblea Nacional
Constituyente redactó las disposiciones transitorias de la Carta
Magna todavía no se tenían indicadores sobre el actual régimen
de prestaciones sociales, ya que éste tenía apenas un año de
haber sido implementado, por eso impera medir los resultados de
ambos sistemas.
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