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Por considerar que la Ley del Estatuto del Funcionario Público
–aprobada recientemente en la Habilitante– viola el derecho a
huelga, el fuero maternal y la contratación colectiva, entre
otros aspectos, la Federación Única de Empleados Públicos
anunció una serie de acciones que tendrán lugar a partir del 31
de enero y que podrían concluir, si no se modifica la ley, en
una huelga general de trabajadores al servicio del Estado.
El presidente de Fedeunep, Franklin Rondón, informó que las
directivas de todos los sindicatos de la administración pública
fueron convocadas a una reunión que se efectuará el jueves, en
la cual fijarán una posición conjunta para la elaboración de un
proyecto de ley alterno al que fue aprobado en la Habilitante.
Para ello –anunció Rondón– contarán con el apoyo de Blancanieve
Portocarrero, ministra del Trabajo; de Carlos Navarro, dirigente
de la CTV, y de Cecilia Sosa Gómez, ex presidenta de la Corte
Suprema de Justicia.
“El resultado de esta reunión será llevado por Fedeunep ante la
Asamblea Nacional, el próximo 7 de febrero, acompañada de una
movilización de trabajadores del sector público y también del
privado, porque esta ley evidencia la intención del Gobierno de
perjudicar a todo el sector laboral del país. Nuestro proyecto
presentará un esquema que no lesione a los trabajadores, como sí
lo hace la ley recientemente aprobada. Si el Legislativo no nos
da una respuesta para la primera semana de marzo, estamos
dispuestos a acudir a una huelga general de empleados públicos”,
dijo Rondón. Entre los aspectos que rechazan los trabajadores de
esta ley se encuentra la violación del fuero maternal, porque se
permite al patrono –el Estado–despedir a las trabajadoras de
libre nombramiento y remoción con el reconocimiento de 6 meses
de salario. Según las estadísticas de Fedeunep, 70% de los
empleados públicos son mujeres y, además, estiman que los
derechos de la maternidad son innegociables.
Otro de los aspectos que rechaza el sector laboral es la
prohibición del derecho a huelga para el grueso de trabajadores
al servicio del Gobierno, en áreas como hidrocarburos,
transporte, salud y educación, entre otros. Fedeunep rechaza
también las limitaciones a la contratación colectiva que
establece la nueva ley, la violación a la estabilidad de los
funcionarios públicos y la deslegitimación del Ministerio del
Trabajo en las discusiones con los trabajadores.
Rondón expresó que a pesar de la delicada situación, Fedeunep
prefiere que la Confederación de Trabajadores de Venezuela se
mantenga al margen de esta nueva polémica, debido a la
politización en la que se encuentra actualmente. “Los
trabajadores del sector público no queremos que se tome nuestra
bandera para atacar o favorecer al MVR, a Acción Democrática, a
Copei o a ninguna fuerza partidista. Esta es una discusión de
principios”, indicó Rondón.
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